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Editorial Noviembre 2012

Derechos de las mujeres en política pública

La violencia contra las mujeres demanda de políticas propuestas con el propósito de modificar situaciones percibidas socialmente como legítimas a través de los roles asignados a lo largo del tiempo a hombres y mujeres, las mujeres en el espacio privado y los hombres en el público, ellos con poder y ellas sus sometidas. Es importante contar con un abordaje hecho desde la institucional a ésta problemática, sin embargo es trascendental posicionar el tema y trabajar en la transformación de dichos patrones socioculturales que han naturalizado los más agudos –y aparentemente sutiles e inofensivos- signos de violencia contra las mujeres. La realidad de las mujeres violentadas por su condición de género configura un continuum histórico y cultural que está presente -a todo nivel- en los ámbitos públicos y privados.

En el Distrito Metropolitano de Quito, 2008-2011, se han registrado entre once mil y catorce mil denuncias anuales de actos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Donde, el 34% revela celos y el 16% el consumo de alcohol como motivos supuestos que el agresor utilizó para provocar dichos eventos de violencia; de la totalidad de mujeres víctimas el 46% informó que su edad oscila entre los 18 y 30 años y el 37% entre los 31 a 46 años. Las denuncias de violaciones a mujeres superan los trescientos casos anuales, identificándose las edades más recurrentes las comprendidas desde 11 hasta los 20 años; desconocidos y conocidos/amigos son la mayoría de relaciones predominantes entre agresor y víctima.  De 38 muertes de mujeres por confirmadas razones de violencia de género únicamente 3 casos han obtenido sentencia con reclusión. La mayoría de femicidios constituyen el episodio final a los hostigamientos que viven las mujeres en su cotidianidad y que mientras estuvieron con vida, algunas o muchas veces, los pusieron en conocimiento de la justicia; dichas denuncias reposan en los expedientes como pruebas que no son suficientemente importantes a ser tomadas en cuenta al momento del juzgamiento, evidenciando de aquel modo las deficiencias en el enfoque de género del sistema de justicia que, por lo general, se revierte en persistente impunidad ante estos procesos.

Los sitios de circulación masiva (veredas de calles y avenidas, unidades de transporte público, parques, plazas, etcétera) son espacios públicos donde surgen expresiones concretas de violencia contra mujeres. Los hombres acostumbran a dirigirse a las mujeres, por ejemplo, con frases (piropos), miradas, gestos no solicitados, manifestaciones que provocan en ellas sensaciones de inseguridad y temor de transitar libremente por la ciudad. La violencia en el espacio público es física, verbal, sexual y sicológica, la mayoría de mujeres la viven como ocurrencias que no merecen denuncia, sanción ni reparación por tanto no se reconocen a sí mismas como víctimas.

Según una encuesta levantada en las Zonas Administrativas Eloy Alfaro y Quitumbe, enmarcada dentro del Proyecto Ciudades Seguras para las niñas, adolescentes y mujeres (2012): 3 de cada 4 mujeres han sido agredidas verbalmente en el espacio público con frases o palabras ofensivas, 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas físicamente en el espacio público con empujones o tocamientos no consentidos, 9 de cada 10 mujeres han recibido agresiones de carácter sexual en el transporte público, 45% de encuestadas respondieron que la gente no reacciona frente a agresiones físicas contra de una mujer visibles en espacios públicos, 5% de mujeres respondieron haber denunciado formalmente al sufrir una agresión sexual en un medio de transporte, y el 26% de mujeres afirma que modifican su forma de vestir (se arropa, se cubre, se tapa) para evitar agresiones en la calle.

El fin último de las políticas públicas para las mujeres consiste en transformar la cultura patriarcal en una sociedad democrática, constructora de paz, incluyente, diversa y, sobre todo, que garantice el empoderamiento de las mujeres; es decir: mujeres informadas que asumen sus derechos, capaces de decidir y gobernar sobre su propia vida, con conocimiento suficiente para hacer respetar -y apoyar a otras mujeres en la defensa de- sus derechos propios. Al tiempo, las mismas políticas, deben motivar en los hombres la observación y cuestionamiento a su trato hacia las mujeres y establecer sanciones para aquellos que han decidido no cambiar. 

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